La defensa de Raquel Graneros aseguró que la vivienda investigada en Yerba Buena no pertenece a la jefa municipal y afirmó que la causa carece de pruebas. También remarcó que la funcionaria no fue imputada y que se encuentra a disposición de la Justicia.
La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, rechazó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito formuladas por dirigentes opositores y anticipó que iniciará acciones legales contra quienes impulsaron la denuncia. A través de su abogada, Paula Morales Soria, negó ser propietaria de una vivienda ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, y sostuvo que la presentación judicial no cuenta con pruebas que acrediten la comisión de un delito.
La causa se inició hace un mes a partir de una denuncia presentada por el legislador Manuel Courel y el concejal Luis Escobar, con el patrocinio del exconcejal de Alberdi Luis Díaz Augier. Los denunciantes sostienen que Graneros habría adquirido dos lotes unificados dentro del barrio privado por una suma superior al millón de dólares, aunque hasta el momento no se informó sobre una imputación formal contra la intendenta.
Morales Soria explicó que había evitado realizar declaraciones públicas para no interferir en el desarrollo de la investigación, actualmente a cargo del fiscal Diego Sebastián Hevia. Sin embargo, calificó la denuncia como “una vergüenza sin sustento legal” y aseguró que la jefa municipal atraviesa una situación de hostigamiento pese a no encontrarse imputada.
La abogada cuestionó especialmente las declaraciones de Courel, quien había reclamado mayor celeridad en la causa y estimado que la propiedad tendría un valor cercano a los 1,2 millones de dólares. “El legislador no respeta la división de poderes. Es la Justicia la que tiene que expedirse. Invito al legislador a que deje trabajar a la Justicia, que avance con la investigación”, manifestó.
La defensa sostuvo además que los denunciantes no presentaron documentación que demuestre que la vivienda pertenece a Graneros. Según Morales Soria, el único elemento incorporado por la oposición sería una copia no autenticada de una liquidación de expensas correspondiente a los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas.
“La intendenta no compró esa casa. Su domicilio está en Graneros”, afirmó la letrada. También indicó que la defensa ya presentó pruebas dentro del expediente y que los informes solicitados hasta el momento favorecerían la posición de la funcionaria, aunque evitó brindar precisiones por tratarse de una investigación en trámite.
Morales Soria atribuyó la denuncia a intereses políticos vinculados con el calendario electoral y acusó a sectores opositores de montar una exposición mediática contra la intendenta. “No existe ningún hecho de corrupción ni delito”, sostuvo, y adelantó que promoverá acciones judiciales en caso de que la causa confirme la inocencia de su representada.
La abogada también denunció que Graneros y su familia fueron blanco de ataques en redes sociales, donde se difundieron fotografías personales. En ese contexto, recordó el proceso judicial contra diez mujeres acusadas de amenazar a la intendenta y a su madre, la legisladora Alejandra Cejas, y volvió a señalar que existe una persecución de carácter político.
Las declaraciones de la defensa se conocieron luego de que Courel cuestionara públicamente la supuesta falta de avances en la investigación iniciada ante la Fiscalía de Concepción. El legislador aseguró que se enviaron oficios al country Las Yungas y que también se solicitaron informes a la SAT, EDET y Naturgy para determinar la titularidad de los servicios de la vivienda.
Courel señaló además que la respuesta remitida por el barrio privado habría sido insuficiente y afirmó que se evaluó solicitar un allanamiento si no se obtenían datos más precisos. También comparó el ritmo de esta investigación con el de una causa anterior impulsada por Graneros contra un grupo de vecinas que la increparon después de sufrir inundaciones.
El legislador mencionó igualmente versiones sobre la presunta compra de otra propiedad en Tafí del Valle por alrededor de 600.000 dólares, aunque reconoció que esa información todavía no fue comprobada. Afirmó que continuará impulsando la causa para determinar si existió una operación inmobiliaria y, en ese caso, cuál habría sido el origen de los fondos.
La denuncia sostiene que los lotes ubicados en Las Yungas habrían sido adquiridos en efectivo y vincula la presunta operación con Ariel Mendelek, secretario de Hacienda del municipio de Graneros. Como respaldo, los denunciantes presentaron una liquidación de expensas donde figuraría el nombre de Raquel Alejandra Graneros junto con montos mensuales de $570.090 y $566.690.
La investigación continúa en una etapa preliminar y, hasta el momento, no se comunicaron imputaciones formales contra la intendenta. La defensa insiste en que la propiedad no pertenece a Graneros y anticipó que responderá por la vía judicial a las acusaciones formuladas por los dirigentes opositores.
