La entidad salteña apuntó contra Esper S.A. y Cigarrillos y Tabacos S.A. por supuestos aportes impagos que deberían destinarse a los productores. Advirtió que, si no obtiene una respuesta favorable, avanzará por la vía judicial y reclamó mayores controles sobre la comercialización de cigarrillos.
La Cámara del Tabaco de Salta intimó formalmente a dos empresas cigarreras por el presunto incumplimiento en el pago de recursos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco. La medida fue coordinada con entidades de otras provincias productoras y podría derivar en acciones judiciales si las compañías no regularizan su situación.
El síndico de la entidad y senador provincial, Enrique Cornejo, explicó que la decisión fue adoptada luego de una reunión ampliada de la comisión directiva, con participación de representantes de distintas zonas tabacaleras de Salta.
Las empresas señaladas son Esper S.A., con sede en la provincia de Buenos Aires, y Cigarrillos y Tabacos S.A., de Jujuy. Según Cornejo, ambas informan ante los organismos nacionales el volumen de cigarrillos comercializados, pero no realizan los depósitos correspondientes al Fondo Especial del Tabaco.
“Entre las dos están vendiendo cigarrillos que son declarados a los organismos de control cerca de 10 millones de paquetes de cigarrillos”, afirmó en declaraciones a Hora de Voces, por FM Ya 91.3.
De acuerdo con las estimaciones expuestas por el dirigente, Esper debería aportar alrededor de $1.000 millones por mes, mientras que Cigarrillos y Tabacos tendría que depositar unos $300 millones mensuales.
La Cámara evalúa acudir a la Justicia
Cornejo señaló que las intimaciones buscan dejar asentados los antecedentes necesarios para una eventual demanda.
“Nosotros hemos intimado para reconstituir antecedentes y después ir a la vía judicial. Si no hay una respuesta favorable, nosotros vamos a ir a la vía judicial”, sostuvo.
La Cámara también informó de la situación a la Secretaría de Agricultura de la Nación y pidió que se impulsen medidas para recuperar los fondos que, según la entidad, corresponden a los productores de las siete provincias tabacaleras.
La estrategia no se limitaría a Salta. Cornejo anticipó que cámaras de Jujuy, Misiones, Chaco y Catamarca, entre otras jurisdicciones, avanzarían con presentaciones similares.
“Esto es un hecho que no solamente afecta a la provincia de Salta, sino a las seis provincias restantes productoras de tabaco”, remarcó.
Las marcas involucradas
El dirigente identificó a las marcas CJ, elaborada por Cigarrillos y Tabacos, y Melbur, producida por Esper, como algunos de los productos comercializados por las empresas intimadas.
Según explicó, CJ tiene mayor presencia en el norte argentino, mientras que los productos de Esper circulan principalmente en el centro del país.
Cornejo estimó que ambas compañías venden entre 10 y 11 millones de paquetes de cigarrillos por mes, dentro de un mercado nacional que oscilaría entre 110 y 130 millones de paquetes mensuales.
Denuncian desfinanciamiento y subfacturación
La Cámara del Tabaco también cuestionó el desfinanciamiento del Fondo Especial del Tabaco y apuntó contra otras empresas por presuntas maniobras de subfacturación y comercialización informal.
Como ejemplo, Cornejo mencionó a la empresa Sarandí y sostuvo que existiría una diferencia considerable entre el precio declarado ante los organismos fiscales y el valor final cobrado al consumidor.
“Solamente le aporta al Fondo Especial del Tabaco el 30-35% de lo que debe de aportar”, afirmó.
Según el senador, esta situación repercute directamente sobre los productores primarios. “El productor primario está cobrando menos recursos en términos nominales que lo que ha cobrado el año pasado”, advirtió.
Proponen incorporar códigos QR
Frente a este escenario, la entidad trabaja en una propuesta para incorporar códigos QR en los paquetes de cigarrillos. El objetivo sería permitir que los consumidores conozcan el precio declarado y lo comparen con el valor cobrado en los comercios.
La iniciativa apunta a sumar un mecanismo de control sobre la cadena de comercialización y detectar posibles diferencias entre los precios informados y los valores reales de venta.
Cornejo sostuvo que una mayor trazabilidad permitiría mejorar la recaudación y garantizar que los fondos lleguen a los productores.
“Son recursos que ellas ya han cobrado y están indebidamente apropiándoselo porque es de los productores primarios del tabaco”, expresó sobre las empresas intimadas.
La Cámara espera ahora una respuesta de las compañías y de los organismos nacionales competentes antes de definir los próximos pasos.
