Caso Adorni: el fiscal no encontró elementos para sostener enriquecimiento ilícito y pidió investigar una posible evasión
Gerardo Pollicita solicitó que el expediente pase a la Justicia Penal Económica. El dictamen no implica un sobreseimiento: la Fiscalía consideró que persisten aspectos tributarios que deben investigarse.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la causa contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deje de tramitar bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria. El planteo deberá ser resuelto por el juez Ariel Lijo.
La Fiscalía concluyó que las pruebas reunidas no permiten sostener que el incremento patrimonial investigado se haya producido de manera injustificada durante el ejercicio de la función pública. Sin embargo, esa conclusión no representa un sobreseimiento ni el cierre de la investigación.
El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y analizó la evolución patrimonial de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
Las cifras analizadas por la Fiscalía
Durante la investigación se relevaron erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 habrían sido abonadas en efectivo. También se detectó una diferencia de $43.068.549 entre ingresos lícitos comprobados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos correspondientes al período investigado.
Entre los movimientos examinados figuraron la compra de un lote, reformas y mobiliario, operaciones inmobiliarias, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. De acuerdo con el dictamen, parte de esas operaciones se habría realizado fuera del sistema bancario o mediante terceros.
La explicación presentada por Adorni se concentró en inversiones en Bitcoin realizadas antes de ingresar a la función pública. Su defensa sostuvo que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, invirtió alrededor de USD 200.000 y posteriormente obtuvo USD 591.544,61 al liquidar esos activos.
La hipótesis vinculada con Bitcoin
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con los elementos reunidos. Para configurar el delito de enriquecimiento ilícito, el incremento patrimonial injustificado debe producirse durante el ejercicio de la función pública, mientras que la defensa ubicó el origen del capital varios años antes del ingreso de Adorni al Gobierno.
Una verificación técnica sobre las ocho direcciones aportadas determinó que las claves privadas estaban bajo control de la defensa al momento de la prueba y que las billeteras registraron actividad entre 2014 y 2018.
Sin embargo, el análisis también estableció limitaciones: la tecnología blockchain no permite determinar por sí sola quién controlaba una billetera en un momento determinado ni desde cuándo una persona tuvo acceso a sus claves.
Para la Fiscalía, esas restricciones impiden confirmar de manera definitiva toda la reconstrucción presentada por Adorni, aunque tampoco permiten descartarla con la prueba disponible.
Ahora apuntan a una posible evasión tributaria
El dictamen sostuvo que existen elementos que justifican profundizar la investigación desde el punto de vista fiscal. Entre los aspectos mencionados aparecen fondos y activos que podrían haber permanecido durante años fuera de las declaraciones tributarias.
Por ese motivo, Pollicita solicitó declarar la incompetencia del fuero federal que actualmente interviene y remitir el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde debería analizarse una eventual evasión impositiva.
La decisión final sobre el cambio de fuero corresponde ahora al juez Ariel Lijo.
Con información de Infobae.
