La Legislatura provincial reglamentó el procedimiento para aplicar testeos aleatorios, reservados y con una frecuencia mínima bimestral a todos sus integrantes.
Cada legislador deberá afrontar el costo de su propio examen y, ante un resultado positivo, se realizará un segundo análisis confirmatorio.
La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles el procedimiento que permitirá aplicar controles toxicológicos obligatorios, sorpresivos y aleatorios a los 35 diputados y diputadas provinciales.
La resolución N° 1248 establece que los testeos deberán realizarse dentro del edificio legislativo y tendrán una frecuencia mínima de una vez cada dos meses. Además, cada legislador deberá pagar el costo de su propio examen.
La iniciativa obtuvo 30 votos afirmativos de Comunidad, MPN, PRO-NCN, UxP, Democracia Neuquén, Fuerza Libertaria, Juntos, JxC-UCR, Cumplir, Avanzar, Arriba Neuquén y Neuquén Federal. Los bloques PTS-FIT-U y FIT-U votaron en contra.
El protocolo reglamenta la aplicación de la ley 3531, que establece los controles toxicológicos como requisito para permanecer en cargos públicos de los tres Poderes del Estado provincial.
La convocatoria a los testeos será inmediata, personal y reservada. La coordinación técnica estará a cargo de Medicina Laboral de la Legislatura, que deberá actuar con independencia de las autoridades políticas y trabajar junto con un laboratorio o equipo habilitado por la autoridad sanitaria.
El procedimiento contempla la realización de test rápidos dentro de la propia Legislatura y medidas destinadas a garantizar la correcta toma de muestras, la privacidad de las personas examinadas, la confidencialidad y la cadena de custodia.
Los controles podrán efectuarse durante las reuniones de comisión y las sesiones de la Cámara, incluidas las preparatorias y extraordinarias, además de las actividades de la Comisión Observadora Permanente.
En caso de que un test arroje resultado positivo, deberá realizarse un segundo análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado.
Durante el debate, el diputado Claudio Domínguez, del MPN, sostuvo que la ley 3531 “es muy clara” respecto de las características que deben tener los controles: rápidos, obligatorios, sorpresivos y realizados en el lugar.
Darío Martínez, de Unión por la Patria, explicó que el objetivo es garantizar que ningún integrante de la Cámara adopte decisiones bajo los efectos de alguna sustancia, aunque aclaró los límites de la medida. “No resuelve la problemática del narcomenudeo ni mucho menos”, afirmó.
Brenda Buchiniz, de Cumplir, defendió el esquema aprobado y sostuvo que “es una resolución clara, precisa y realizable, dado que el test permite que sea sorpresivo, aleatorio e in situ”.
La diputada destacó además la frecuencia prevista para los legisladores. Según señaló, mientras los funcionarios del Ejecutivo serán testeados dos veces durante su gestión, los diputados podrán pasar por los exámenes 24 veces a lo largo de su mandato.
Desde JxC-UCR, César Gass acompañó la iniciativa al considerar que puede aportar transparencia y reclamó además avanzar con otras medidas, entre ellas las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos.
Entre quienes rechazaron la resolución, Julieta Ocampo, del FIT, sostuvo que “es imposible llevarlo adelante y que no hay intención real de hacerlo”. También cuestionó que los controles puedan servir para abordar consumos problemáticos o establecer relaciones con el narcotráfico.
“Que un funcionario sea bueno o malo no depende de si tiene o no un consumo problemático”, afirmó.
César Parra, del PTS-FIT-U, también votó en contra y cuestionó el uso de este tipo de controles como herramienta relacionada con la lucha contra el narcotráfico.
La resolución fue aprobada durante la 14ª sesión ordinaria de la Legislatura neuquina, que comenzó a las 10.40 y finalizó a las 18, con la participación de los 35 diputados provinciales.
Con información de Patagonia Press.
