Misiones aprobó una ley, impulsada por el gobernador, para auditar 16 empresas estatales y controlar el uso de fondos públicos
La reforma impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua fue sancionada por unanimidad y extiende las competencias del Tribunal de Cuentas a sociedades públicas y mixtas. El organismo podrá revisar operaciones, gastos y documentación respaldatoria, y tendrá que presentar informes anuales ante la Legislatura.
La provincia de Misiones aprobó una reforma legal que amplía las facultades de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre 16 empresas y sociedades con participación estatal, una medida que incorpora expresamente a distintas estructuras empresariales bajo el sistema de control externo de los recursos públicos.
El proyecto fue enviado por el gobernador Hugo Passalacqua y sancionado por unanimidad el jueves 29 de octubre, durante la última sesión ordinaria del año de la Cámara de Representantes.
La denominada Ley Passalacqua de Transparencia modifica el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, con el propósito de establecer de manera explícita qué tipos de empresas quedan comprendidas en sus competencias de fiscalización.
La reforma incluye sociedades del Estado provincial y municipal, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas de economía mixta y otras entidades en las que el sector público controle la mayoría del capital o tenga capacidad decisoria.
Energía, agua, telecomunicaciones e industria bajo fiscalización
La ampliación del control alcanza a entidades vinculadas con servicios esenciales y actividades económicas de la provincia.
Entre ellas se encuentran Energía de Misiones, Aguas Misioneras, Marandú Comunicaciones, Biofábrica Misiones, MisioPharma, Silicon Misiones, Sociedad del Conocimiento, el Parque Industrial, el Fondo de Créditos Misiones y el Mercado Central.
La nómina también comprende al IPLyC, IPLyC Confort, Multimedios, Fiduciaria Misiones y dos sociedades en liquidación: el ex Banco Provincia de Misiones y el Instituto Provincial del Seguro.
El Tribunal de Cuentas podrá examinar la documentación de estas entidades, analizar la administración de sus recursos y realizar auditorías sobre sus operaciones.
La modificación responde a un vacío en la legislación provincial, que no contemplaba expresamente a todas las figuras empresariales desarrolladas por el Estado durante las últimas décadas.
La incorporación al régimen de fiscalización no altera las funciones de las sociedades ni reemplaza a sus órganos de administración.
Los resultados deberán informarse a la Legislatura
Una de las disposiciones incorporadas durante el tratamiento legislativo establece que el Tribunal de Cuentas deberá remitir anualmente a la Cámara de Representantes los resultados de sus auditorías.
El mecanismo permitirá a los legisladores conocer las conclusiones del organismo de control sobre el funcionamiento y la administración de recursos de las empresas alcanzadas.
La iniciativa recibió el respaldo de todos los bloques, aunque durante el debate también se plantearon diferencias sobre el alcance de la transparencia y la necesidad de garantizar acceso público a la información.
El nuevo régimen entrará en vigencia el 1 de enero de 2027.
El Tribunal de Cuentas ya comenzó a preparar la reglamentación y a capacitar a sus equipos técnicos para asumir las nuevas tareas.
La reforma introduce un esquema de control externo sobre empresas estatales que administran recursos y prestan servicios relevantes para la economía provincial, con una obligación anual de informar los resultados de las fiscalizaciones al Poder Legislativo.
