Juicio por el femicidio de Érika Álvarez: los abogados de “El Militar” Sosa abandonarían la defensa y el debate podría quedar en riesgo
Los defensores de Felipe Sosa, acusado de matar a la joven de 25 años en Yerba Buena, anunciarían su renuncia en la décima audiencia por diferencias con su cliente y un supuesto intento de agresión. Si el tribunal la acepta, el imputado tendrá 72 horas para designar otro abogado y el juicio podría suspenderse hasta 10 días. Si la pausa es mayor, el debate se anula.
El juicio por el femicidio de Érika Álvarez, uno de los casos que más conmocionó a Tucumán este año, podría dar un giro inesperado. Según informó el portal El Monterizo, los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, defensores de Felipe “El Militar” Sosa, el principal acusado, anunciarían en la décima audiencia su decisión de dejar la representación del imputado.
De acuerdo con esa publicación, los motivos serían diferencias de criterio profesional insalvables y un episodio de gravedad: un supuesto intento de agresión física de Sosa contra Flores. El medio también mencionó advertencias sobre presiones y amenazas de muerte que estaría recibiendo el acusado. Hasta el momento, los abogados no presentaron ningún escrito formal.
Érika Antonella Álvarez, de 25 años y estudiante de enfermería, fue asesinada el 7 de enero de 2026 en una vivienda de Yerba Buena, una ciudad del Gran San Miguel de Tucumán, y su cuerpo fue hallado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur. El fiscal Pedro Gallo acusa a Sosa, exmilitar y empresario de seguridad privada de 50 años, de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género, y pide para él prisión perpetua. En el mismo juicio, otras dos personas están acusadas de encubrimiento. La defensa sostiene que la muerte fue accidental.
Qué pasaría si la renuncia queda firme
El Código Procesal Penal de Tucumán establece que los abogados solo pueden renunciar a una defensa ante circunstancias de extrema gravedad. Por eso, Cosiansi y Flores deberán dar explicaciones ante el tribunal, integrado por el juez Gonzalo Ortega y las juezas María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira. Si los magistrados consideran que la renuncia es injustificada o intempestiva, los abogados podrían recibir sanciones, desde un apercibimiento y multas hasta la separación del juicio y la remisión de las actuaciones al Colegio de Abogados.
Si la renuncia es aceptada, Sosa tendrá 72 horas para designar un nuevo abogado particular o pedir la asistencia de la Defensoría Oficial. Quien asuma deberá incorporarse a un debate que ya lleva nueve audiencias.
El mayor riesgo para la causa está en el artículo 276 del código procesal tucumano, que permite suspender el juicio por un máximo de 10 días para que la nueva defensa estudie el expediente. Si la interrupción supera ese plazo, todo lo actuado en el debate oral quedaría anulado y el juicio debería empezar de nuevo. Según El Monterizo, los jueces buscarán evitar ese escenario para preservar la prueba ya incorporada.
El juicio comenzó el 26 de octubre y estaba previsto que se extendiera hasta mediados de diciembre.
Con información de El Monterizo, Contexto Tucumán, El Tucumano y Tiempo Judicial.
