Héctor Raúl Vargas, exjefe comunal de San Carlos y actual diputado departamental, fue imputado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público.
La investigación alcanza operaciones vinculadas con un loteo social, fondos nacionales y retiros de una cuenta municipal por más de $64 millones.
La Justicia de Salta imputó al exintendente de San Carlos Héctor Raúl Vargas por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del municipio entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Durante una audiencia de formalización de la investigación penal, la Unidad de Delitos Económicos Complejos le atribuyó, en carácter de supuesto autor, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público.
Las acusaciones están vinculadas con la compra y posterior venta de terrenos destinados a un loteo social, el manejo de aportes nacionales y una serie de retiros realizados desde una cuenta corriente municipal por más de $64 millones.
Vargas, actualmente diputado por el departamento de San Carlos, estuvo acompañado por un abogado particular durante la audiencia y optó por no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta, una de las primeras denuncias fue presentada por un concejal en mayo de 2023. Allí se señaló que, en julio de 2021, el entonces intendente habría adquirido a nombre de la Municipalidad un inmueble de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados por $15 millones sin autorización del Concejo Deliberante.
A partir de esa denuncia, el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales determinó que por la venta de los lotes el municipio habría recibido $16.883.100. De ese total, $15 millones fueron utilizados para la compra del terreno, mientras que no se encontraron registros sobre el destino de los $1.883.100 restantes.
El análisis pericial también indicó que la operación se habría realizado sin cumplir con el régimen de contrataciones ni registrar todas las etapas presupuestarias correspondientes.
En cuanto a la posterior venta de los lotes, la investigación sostiene que tampoco habría existido autorización del Concejo Deliberante. Además, la Municipalidad no habría presentado legajos de los adquirentes ni documentación que estableciera los criterios de selección, evaluación y adjudicación.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Vargas por dos hechos de falsedad ideológica de documento público. Según la acusación, distintas resoluciones municipales incluían información sobre matrículas individuales, aprobación ambiental y disponibilidad de servicios que no pudo ser corroborada.
Una inspección ocular posterior habría constatado que el terreno se encontraba vacío, con los lotes apenas delimitados y sin servicios básicos de agua, electricidad ni cloacas.
Otra denuncia presentada el 5 de diciembre de 2023 puso bajo investigación el destino de $9.482.369,75 que la Municipalidad había recibido como aportes no reintegrables del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local, destinados a 20 familias del paraje San Rafael.
Según el análisis pericial, no fue posible reconstruir el destino de esos recursos debido a que no se encontraron órdenes de pago ni comprobantes. El organismo nacional también informó que no contaba con registros de rendición de cuentas.
El 25 de marzo de 2024, la entonces intendenta María del Carmen Vargas presentó otra denuncia y señaló que, al asumir en diciembre de 2023, no encontró en las cuentas bancarias ni en Tesorería el dinero correspondiente al loteo. También indicó que el terreno no tenía servicios ni infraestructura básica.
La investigación incorpora además movimientos detectados en documentación bancaria. El Gabinete de Delitos Económicos del CIF estableció que, en 18 oportunidades, el exintendente emitió cheques de pago diferido y retiró fondos de una cuenta corriente municipal en distintas sucursales del Banco Macro por un total de $64.449.000.
En todos los casos, la beneficiaria figuraba como la propia Municipalidad de San Carlos. Sin embargo, desde la comuna informaron que no existe documentación respaldatoria que permita establecer el destino de esos retiros.
La imputación no implica una condena y las responsabilidades deberán determinarse durante el avance de la investigación judicial.
Con información de Infobae y del Ministerio Público Fiscal de Salta.
