Graciela Moyano fue arrestada durante una serie de allanamientos realizados en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra que superaría ampliamente los $300.000 millones.
La Fiscalía sospecha que la empleada habría recibido pagos de clientes sin registrarlos en el sistema de la concesionaria. También está imputado el exjefe de Ventas, Matías Llado.
La Justicia de Santiago del Estero detuvo a Graciela Moyano, cajera de Fürth Automotores, en el marco de la investigación por una presunta defraudación millonaria que, según las estimaciones incorporadas a la causa, superaría ampliamente los $300.000 millones.
La mujer fue aprehendida durante una serie de allanamientos simultáneos encabezados por los fiscales Diego Cortés y Victoria Ledesma, quienes conducen la investigación desde el 15 de julio.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Moyano habría tenido un rol central en el circuito investigado. Los fiscales sospechan que recibía pagos de cuotas realizados por clientes y omitía registrarlos en el sistema de la concesionaria.
Según esa línea investigativa, el dinero no quedaba asentado en la contabilidad de la empresa y los compradores continuaban apareciendo como deudores pese a haber realizado los pagos correspondientes.
Los investigadores consideran que la función de Moyano como cajera resulta relevante porque era la encargada de imputar cada pago en el sistema operativo y dejar constancia formal de su ingreso.
Entre los elementos reunidos por la Fiscalía aparece una grabación de cámaras de seguridad en la que se observaría a la empleada recibir un fajo de dólares de personas identificadas en la causa como integrantes de la comunidad gitana.
Según la interpretación de los investigadores, minutos después Moyano habría entregado ese dinero a Matías Llado, exjefe de Ventas de Fürth Automotores y también imputado en la causa. El contenido y el contexto de esas imágenes deberán ser analizados dentro del proceso judicial.
Los procedimientos se realizaron en tres puntos. Uno de los allanamientos tuvo lugar en la vivienda del exgerente general Gerardo Caro, ubicada en el barrio Santa Clara de La Banda. Otro se llevó adelante en el domicilio de Moyano, en el barrio Siglo XXI.
El tercer operativo se concretó en la sede de Fürth Automotores, sobre calle Libertad, en la ciudad de Santiago del Estero. Allí fue detenida la cajera.
Durante las requisas fueron secuestrados los teléfonos celulares de Moyano y Caro, además de otros elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si tienen interés para la causa.
Tras su detención, Moyano fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres de la Zona Sur y quedó alojada a disposición de la Justicia.
La Fiscalía también solicitó informes sobre movimientos bancarios de los principales sospechosos. Entre ellos figura Llado, quien tramita un pedido de eximición de prisión.
El Ministerio Público Fiscal pidió a la Cámara de Apelaciones que fije una audiencia para resolver ese planteo.
En paralelo, los fiscales continúan recibiendo declaraciones de clientes que denunciaron perjuicios y se constituyeron como querellantes particulares, además de testimonios de empleados que todavía trabajan en la concesionaria.
La intención de esas medidas es reconstruir el funcionamiento interno de la empresa, el circuito de recepción e imputación de pagos y la eventual participación de cada uno de los investigados.
La causa sumó además una presentación realizada por el exgerente Gerardo Caro, quien pidió abrir una nueva línea de investigación por presunta administración fraudulenta, estafa, encubrimiento y asociación ilícita.
En esa denuncia solicitó que se investiguen los presuntos vínculos entre Llado; el accionista y propietario de Fürth Automotores, José Figueroa; y el auditor Víctor Hugo Panichelli.
Caro sostuvo que Panichelli habría mantenido relaciones comerciales previas con Figueroa y pidió que se determine si esa situación pudo afectar la objetividad de su actuación como auditor.
También afirmó que fue apartado de su cargo con el objetivo de frenar investigaciones internas que, según su versión, había impulsado antes de dejar la concesionaria.
Esos señalamientos forman parte de una denuncia que todavía debe ser evaluada por la Justicia y no implican que los delitos mencionados se encuentren acreditados.
La investigación continuará con el análisis de dispositivos electrónicos, movimientos bancarios, documentación de la empresa, grabaciones y testimonios para determinar la magnitud de la presunta defraudación y las eventuales responsabilidades.
Con información de Contexto Tucumán
