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CHACOPOLICIALES Y JUDICIALES

La Cámara Federal ratificó los procesamientos por presunto fraude con tierras públicas en Chaco

Por Norte Grande 365 5 min de lectura
La Cámara Federal ratificó los procesamientos por presunto fraude con tierras públicas en Chaco

La Cámara Federal de Resistencia ratificó la situación procesal del exgobernador y la exministra, junto con otros tres imputados. La investigación incluye adjudicaciones de 2.500 hectáreas en Pampa del Infierno. El tribunal excluyó el lavado de activos y dispuso que la causa pase a la Justicia provincial cuando la resolución quede firme.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó los procesamientos del exgobernador de Chaco Jorge Milton Capitanich y de la exministra Marta Elena Soneira en la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en el departamento Almirante Brown.

La resolución, firmada el 17 de noviembre de 2026, también ratificó los procesamientos de Mauricio Ariel Cian, Federico Storti y Leandro Nicolás Bessone. En cambio, revocó el procesamiento de Nelson Ariel Pochón y dictó su falta de mérito.

El tribunal confirmó además la exclusión del delito de lavado de activos y estableció que, una vez firme esa decisión, el expediente deberá continuar en la Justicia provincial del Chaco.

Los procesamientos fueron dispuestos sin prisión preventiva y no constituyen condenas.

La investigación por 2.500 hectáreas en Pampa del Infierno

Uno de los principales aspectos de la causa está relacionado con la adjudicación de dos fracciones contiguas de tierras fiscales, de 1.250 hectáreas cada una, ubicadas en la zona de Pampa del Infierno, departamento Almirante Brown.

Según la investigación, Federico Storti y Leandro Bessone presentaron solicitudes de adjudicación el 16 de octubre de 2020, a la misma hora, mediante expedientes que contenían importantes similitudes.

Los proyectos coincidían en sus objetivos, justificaciones, planes de trabajo y presupuestos, circunstancias que fueron consideradas por los magistrados como indicios de una posible actuación coordinada.

También se identificaron presuntas inconsistencias en la información patrimonial de los solicitantes y diferencias entre la cantidad de empleados declarados y los datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Cámara consideró relevante que la ausencia de inmuebles propios constituía uno de los requisitos para acceder a las adjudicaciones de tierras fiscales.

La diferencia entre los valores de adjudicación y los precios de mercado

Otro punto analizado por el tribunal fue el posible perjuicio económico ocasionado al patrimonio provincial.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, las tierras habrían sido adjudicadas a un valor aproximado de 50,56 dólares por hectárea, mientras que las referencias de mercado para la zona y el período oscilaban entre 3.500 y 5.500 dólares por hectárea.

Sin embargo, la Cámara aclaró que la diferencia entre los valores fiscales y los precios publicados en sitios privados no demuestra, por sí sola, una manipulación de precios.

Los magistrados consideraron que el eventual perjuicio también debía analizarse a partir de la posible entrega irregular de bienes públicos a personas que, según la hipótesis investigada, no reunían los requisitos legales para acceder a ellos.

Por qué la Cámara mantuvo el procesamiento de Capitanich

La confirmación del procesamiento del exgobernador fue adoptada por mayoría, con los votos de las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García.

Ambas magistradas consideraron que existían elementos suficientes, en esta etapa de la investigación, para mantener la imputación relacionada con la firma de decretos que ratificaron adjudicaciones de superficies superiores a 300 hectáreas.

La intervención del Poder Ejecutivo constituía una instancia de control prevista por la normativa provincial, por lo que la mayoría entendió que debía analizarse junto con las demás circunstancias investigadas.

No obstante, la jueza María Virginia Ise votó en disidencia y propuso revocar el procesamiento de Capitanich.

Para la magistrada, la firma de los decretos, después de la intervención de áreas técnicas y jurídicas, no permitía concluir que el exgobernador conociera las presuntas irregularidades o participara deliberadamente en una maniobra delictiva.

Su posición quedó en minoría y el procesamiento fue confirmado.

El rol de Marta Soneira y los otros imputados

En el caso de Marta Soneira, quien se desempeñó como presidenta del Instituto de Colonización y posteriormente como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, la Cámara valoró su intervención en distintas etapas de los procedimientos administrativos.

La investigación también examinó sus vínculos personales con Mauricio Cian, quien mantenía relaciones societarias y comerciales con Storti y Bessone a través de las empresas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL.

El tribunal consideró que estos elementos, junto con las irregularidades detectadas en los expedientes, permitían sostener provisoriamente la imputación contra la exfuncionaria.

Capitanich y Soneira continúan procesados como presuntos coautores de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Por su parte, Cian, Storti y Bessone permanecen procesados por presunto fraude en perjuicio de la administración pública.

Revocaron el procesamiento de Nelson Pochón

La Cámara resolvió revocar el procesamiento de Nelson Ariel Pochón y dictar su falta de mérito.

Los magistrados señalaron que los expedientes administrativos relacionados con los inmuebles involucrados tenían antecedentes de 1996 y 1997, y que no se habían identificado conductas concretas suficientes para vincularlo con la presunta maniobra defraudatoria.

La falta de mérito no implica una absolución definitiva, sino que establece que, por el momento, no existen elementos suficientes para mantener el procesamiento.

La causa continuará en la Justicia provincial del Chaco

La Cámara también confirmó la exclusión de la calificación de lavado de activos, al considerar que no se habían acreditado elementos suficientes para sostener esa figura penal dentro de la investigación.

Como consecuencia, ratificó la declaración de incompetencia de la Justicia Federal y dispuso que el expediente sea remitido al Poder Judicial del Chaco cuando la resolución quede firme.

La investigación se había iniciado en mayo de 2024, a partir de una denuncia presentada por Ana María Canata, entonces presidenta del Instituto de Colonización, después de que se detectaran presuntas irregularidades en expedientes de adjudicación de tierras públicas.

Con la decisión de la Cámara, cinco imputados mantienen sus procesamientos y la causa continuará su trámite judicial para determinar las eventuales responsabilidades penales por los hechos investigados.


Con información de Diario Chaco

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