El proyecto enviado por el gobernador Claudio Poggi a la Legislatura contempla un programa de desendeudamiento y otro de incentivo al consumo. Las entidades que participen podrán recibir un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados a los consumidores.
El Gobierno de San Luis presentó ante la Legislatura provincial un proyecto que busca combinar la refinanciación de deudas familiares con promociones destinadas a estimular las compras en comercios locales.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, crea el “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar” y contempla la participación de entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, fintech y otras instituciones alcanzadas por el régimen.
Para incorporarse al plan de incentivo al consumo, las entidades deberán haberse adherido previamente al programa de desendeudamiento y presentar propuestas que incluyan beneficios concretos para los consumidores dentro de la provincia.
Entre las herramientas previstas aparecen descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras modalidades que podrán establecerse mediante la reglamentación. Los beneficios deberán mejorar las promociones promedio que cada institución haya ofrecido durante el último año.
Como contrapartida, las entidades adheridas podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% de los fondos efectivamente destinados a esas promociones. Ese crédito será nominativo, no podrá transferirse y solamente podrá utilizarse para cancelar impuestos provinciales propios.
El proyecto fija además cuánto podrán comprometer las instituciones. El monto mínimo será equivalente a los impuestos provinciales devengados durante los dos meses anteriores a la adhesión, mientras que el máximo podrá llegar al equivalente de los tributos correspondientes a los 12 meses previos.
La propuesta vincula este mecanismo con el programa de desendeudamiento. Según los fundamentos del proyecto, una reducción de las cuotas mensuales permitiría liberar recursos de los hogares, mientras que las promociones buscarían incentivar que parte de esos fondos se destinen al consumo dentro de San Luis.
El Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública será la autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de evaluar las propuestas y controlar su cumplimiento. El beneficio fiscal deberá ser concedido mediante decreto del Poder Ejecutivo.
El proyecto deberá ser debatido ahora por la Legislatura provincial. En caso de convertirse en ley, tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga.
