Insólito en Misiones: un intendente quiere cobrarle a la Policía por instalar cámaras de seguridad en su propia ciudad

La Municipalidad de Posadas, gobernada por Leonardo “Lalo” Stelatto, intimó a la fuerza provincial por el uso de espacios públicos donde funcionan dispositivos del 911. Las cámaras están colocadas sobre postes de la empresa eléctrica y son financiadas por el Gobierno de Misiones. Además, la Policía reclama al municipio una deuda de $2.300 millones.
Una controversia entre la Municipalidad de Posadas y la Policía de Misiones dejó al descubierto un planteo poco habitual: la administración del intendente Leonardo “Lalo” Stelatto reclama por la utilización de espacios públicos donde la fuerza provincial instaló cámaras de seguridad destinadas a proteger a los habitantes de la ciudad.
La particularidad es que los dispositivos no son financiados por el municipio ni están colocados sobre infraestructura de su propiedad. Funcionan sobre postes de Energía de Misiones (EMSA), la empresa eléctrica provincial, mediante convenios celebrados con el Ministerio de Gobierno.
El reclamo fue confirmado por el comisario mayor Lic. Maximiliano Miguel Carletti, director del Centro Integral de Operaciones (CIO) de la Policía de Misiones, durante una entrevista con el periodista Jorge Kurrle.
Según explicó el funcionario, la Municipalidad presentó intimaciones por el uso del espacio público y la Jefatura de Policía respondió invocando la legislación provincial que regula los sistemas de videovigilancia.
Consultado sobre si el municipio pretendía que la fuerza retirara los dispositivos o pagara por su permanencia, Carletti interpretó que el objetivo del reclamo estaba relacionado con el uso del espacio municipal.
La Policía paga las cámaras, las instala y las monitorea, pero el municipio reclama por el espacio
El sistema de videovigilancia de Misiones es administrado por la Policía provincial y financiado mediante recursos del Estado.
La estructura incluye centros de monitoreo, personal especializado, equipos técnicos, mantenimiento y dispositivos instalados en puntos estratégicos de las ciudades.
“No hay costo para el municipio. Todo el costo lo asume el Estado provincial”, explicó Carletti.
El funcionario precisó que la red utiliza postes de EMSA en Posadas y de distintas cooperativas eléctricas en el interior.
De acuerdo con los datos aportados durante la entrevista, más de 1.500 cámaras funcionan dentro del municipio capitalino y aproximadamente 3.000 están distribuidas en el área metropolitana.
El reclamo municipal se produce, además, en una ciudad donde los vecinos continúan solicitando la ampliación del sistema.
Carletti relató que recientemente mantuvo reuniones con residentes del centro de Posadas que reclamaron nuevos dispositivos de seguridad.
La situación plantea una contradicción administrativa: mientras el Estado provincial destina recursos a instalar y mantener cámaras, el municipio cuestiona el uso del espacio donde funcionan esos equipos.
La Municipalidad invocó una ordenanza y la Policía respondió con la legislación provincial
La controversia comenzó con una intimación municipal por el uso de espacios públicos donde funcionan dispositivos de videovigilancia.
La Jefatura de Policía respondió mediante una comunicación institucional en la que invocó la legislación provincial vinculada con los sistemas de captación de imágenes para seguridad pública.
La discusión enfrenta distintas interpretaciones sobre las competencias municipales y provinciales para autorizar o regular instalaciones en espacios públicos.
Durante la entrevista, Carletti interpretó que el planteo apunta a reclamar por la utilización del espacio municipal.
El director del CIO aseguró que los dispositivos continuarán funcionando y que la Jefatura de Policía mantiene su posición sobre la legalidad de las instalaciones.
Los demás intendentes piden cámaras; Posadas es el único municipio que presentó objeciones
Otro aspecto que diferencia el caso es que, según Carletti, ningún otro municipio de Misiones formuló un reclamo similar.
El funcionario explicó que las administraciones del interior solicitan constantemente nuevos dispositivos y colaboran con la Policía para extender la cobertura.
Mencionó trabajos en localidades como Eldorado, Montecarlo, Capioví, Puerto Esperanza y Puerto Iguazú.
En esos municipios, la articulación consiste principalmente en identificar sectores donde se necesitan cámaras y facilitar las tareas de instalación.
“Todos nos piden más, no nos piden menos”, resumió.
El contraste con Posadas es significativo: mientras otras administraciones gestionan ampliaciones del sistema, la capital provincial abrió una controversia por las condiciones bajo las cuales permanecen instalados los dispositivos existentes.
Una deuda de $2.300 millones agrava la controversia
El enfrentamiento institucional también expuso un reclamo económico de la Policía contra la Municipalidad de Posadas.
Durante la entrevista, Jorge Kurrle mencionó una deuda municipal de aproximadamente $2.300 millones, incluida en una respuesta institucional de la Jefatura de Policía.
Carletti confirmó la existencia de la obligación y explicó que está relacionada con recursos que deben transferirse al fondo de reequipamiento policial.
El funcionario sostuvo que, pese a los pagos pendientes, la Policía continúa prestando los servicios correspondientes.
El detalle contable completo no fue presentado durante la entrevista.
La situación añade una particularidad al conflicto: el municipio que mantiene obligaciones económicas pendientes con la fuerza provincial es el mismo que ahora reclama por el uso de espacios públicos donde funcionan cámaras financiadas por esa institución.
De la cooperación en videovigilancia a cuestionar la instalación de cámaras
La controversia también contrasta con la cooperación institucional que durante años permitió ampliar el sistema de videovigilancia en Posadas.
Ahora, la administración municipal intimó a la Policía por la instalación de dispositivos que forman parte de esa infraestructura.
Carletti, por su parte, insistió en que las cámaras permanecerán instaladas y que la seguridad pública constituye una responsabilidad que debe ser garantizada.
El episodio deja abierta una cuestión que la gestión de Stelatto deberá aclarar: cuál es el objetivo concreto de exigir condiciones sobre el uso del espacio público a un sistema policial que el municipio no financia, que utiliza infraestructura eléctrica convenida con la Provincia y que presta un servicio destinado a sus propios habitantes.
Con información de “Cadena de Noticias” de Noticias del 6.
