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Histórico fallo de la ONU: por primera vez un Estado es declarado responsable de genocidio

Por Norte Grande 365 5 min de lectura
Histórico fallo de la ONU: por primera vez un Estado es declarado responsable de genocidio

La Corte Internacional de Justicia determinó, por nueve votos contra seis, que el Estado de Myanmar cometió genocidio contra la población rohingya. Es la primera vez que el tribunal declara a un país responsable de este crimen. Más de un millón de desplazados permanecen en campos de refugiados en Bangladesh.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas, declaró este jueves 19 de noviembre de 2026 que Myanmar es responsable de genocidio contra la minoría musulmana rohingya, perseguida durante décadas en el norte del estado de Rakáin.

La sentencia fue adoptada por nueve votos a favor y seis en contra, en una decisión que establece un precedente en el derecho internacional: por primera vez, la CIJ determinó la responsabilidad de un Estado por la comisión de genocidio.

El tribunal también concluyó, mediante una votación de nueve contra seis, que Myanmar incumplió su obligación de prevenir actos de genocidio cometidos por particulares que actuaron en colaboración con sus fuerzas de seguridad.

Sin embargo, por 14 votos contra uno, los jueces determinaron que las autoridades del país no incurrieron en incitación pública al genocidio, otro de los cargos examinados durante el proceso.

Un reconocimiento judicial para miles de víctimas

La decisión representa un reconocimiento internacional de los crímenes sufridos por la población rohingya, especialmente durante las operaciones militares desarrolladas en 2017.

Desde La Haya, donde tiene su sede el tribunal, la corresponsal de BBC News Anna Holligan destacó el carácter histórico de la sentencia y su importancia para los sobrevivientes y las familias refugiadas en Bangladesh.

La periodista explicó que, aunque el fallo reconoce formalmente que los hechos constituyeron un genocidio, no garantiza por sí mismo el regreso seguro de las personas desplazadas a sus comunidades.

Esto se debe a que la Corte Internacional de Justicia establece la responsabilidad de los Estados, pero no tiene competencia para imponer penas de prisión a individuos.

La sentencia no implica condenas penales contra los militares

Una de las principales diferencias del sistema judicial internacional es la competencia de sus tribunales.

Mientras la CIJ determina si los Estados incumplieron sus obligaciones internacionales, la Corte Penal Internacional (CPI) puede investigar y juzgar la responsabilidad penal de personas individuales.

Por ese motivo, la declaración de genocidio contra Myanmar no implica automáticamente el encarcelamiento de los responsables militares.

Además, la CIJ no cuenta con un mecanismo propio para ejecutar sus sentencias, aunque sus decisiones pueden tener consecuencias jurídicas y diplomáticas.

Según explicó BBC News, el fallo podría fortalecer otros procedimientos judiciales y los pedidos para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervenga en el cumplimiento de la resolución.

Human Rights Watch destacó la decisión del tribunal

La organización internacional Human Rights Watch consideró que la sentencia representa un reconocimiento esperado durante años por las víctimas de la violencia ejercida contra la población rohingya.

Por su parte, María Elena Vignoli, asesora jurídica especializada en Justicia Internacional, sostuvo que la resolución constituye un precedente relevante para víctimas de genocidio y otros crímenes graves que buscan acceder a la justicia.

Las primeras reacciones se concentraron en el reconocimiento de las violaciones sufridas por esta comunidad y en la importancia de la decisión para futuros procesos internacionales.

Qué ocurrió durante la persecución de 2017

Los rohingyas son una minoría étnica musulmana que habita principalmente en el estado de Rakáin, en Myanmar, un país de mayoría budista.

Durante décadas enfrentaron discriminación, violencia y restricciones legales. La legislación de Myanmar les niega la ciudadanía, situación que convirtió a esta comunidad en una de las poblaciones apátridas más numerosas del mundo.

En 2017, las fuerzas militares de Myanmar, respaldadas por grupos budistas locales, desarrollaron operaciones que provocaron incendios de aldeas, asesinatos masivos y desplazamientos forzados.

Según Médicos Sin Fronteras, al menos 6.700 rohingyas fueron asesinados durante el primer mes de violencia, entre ellos 730 niños menores de cinco años.

Más de 700.000 personas huyeron hacia Bangladesh durante aquella crisis.

Amnistía Internacional también denunció violaciones y abusos sexuales cometidos por integrantes del Ejército contra mujeres y niñas de esta comunidad.

Más de un millón de rohingyas siguen refugiados en Bangladesh

Las sucesivas oleadas de persecución obligaron a casi dos millones de integrantes de esta minoría a abandonar Myanmar a lo largo de las décadas.

Actualmente, más de un millón de rohingyas desplazados permanecen en campos de refugiados en Bangladesh, donde continúan esperando soluciones que les permitan recuperar condiciones de seguridad y estabilidad.

La Organización de las Naciones Unidas ha identificado a esta comunidad como una de las minorías más perseguidas del mundo.

El papel de Aung San Suu Kyi durante la crisis

El fallo también vuelve a colocar bajo atención internacional la actuación de Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991 y principal figura del gobierno civil de Myanmar durante los acontecimientos de 2017.

La dirigente encabezó inicialmente la defensa jurídica del Estado ante la Corte Internacional de Justicia.

Según explicó Jonathan Head, corresponsal de BBC News en el sudeste asiático, Suu Kyi tenía un control limitado sobre las Fuerzas Armadas, pero no condenó públicamente las operaciones militares contra los rohingyas.

La dirigente cuestionó entonces las informaciones periodísticas sobre la violencia y posteriormente fue derrocada y encarcelada por el Ejército, encabezado por Min Aung Hlaing.

La sentencia de la CIJ establece la responsabilidad del Estado de Myanmar, sin constituir una condena penal individual contra la exdirigente.

Un precedente para el derecho internacional

La decisión de la Corte Internacional de Justicia incorpora un antecedente significativo en la aplicación de las normas internacionales destinadas a prevenir y sancionar el genocidio.

Su importancia trasciende la situación de Myanmar, ya que establece un precedente judicial sobre la responsabilidad estatal frente a este tipo de crímenes.

No obstante, la situación de los refugiados rohingyas continúa sin resolverse y la sentencia no garantiza de manera inmediata su retorno a Myanmar.

El cumplimiento del fallo y sus posibles consecuencias en otros procesos judiciales serán aspectos centrales de la etapa posterior a esta resolución.


Con información de BBC News Mundo

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