El Concejo Deliberante sancionó por amplia mayoría una normativa que establece restricciones para personas con condenas judiciales. La medida busca fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en la gestión pública.
El Concejo Deliberante de La Banda aprobó este martes la implementación de la ordenanza de Ficha Limpia, una normativa que impedirá el acceso a cargos públicos municipales a personas que cuenten con condenas judiciales.
La iniciativa recibió un amplio respaldo político y fue el resultado de un proceso de consenso desarrollado en la Comisión de Asuntos Legales, donde se unificaron distintos proyectos presentados por los bloques con representación en el cuerpo legislativo.
La ordenanza incorpora nuevos requisitos para quienes aspiren a desempeñarse dentro de la administración pública municipal y tiene como objetivo reforzar los estándares de transparencia, ética e integridad en la función pública.
Durante el tratamiento del proyecto, los concejales coincidieron en destacar la importancia de avanzar en herramientas que permitan fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en quienes ejercen responsabilidades de gobierno.
Además, remarcaron que la iniciativa responde a una demanda social cada vez más presente, vinculada a la necesidad de que los funcionarios públicos acrediten antecedentes compatibles con la responsabilidad de administrar recursos del Estado.
La normativa establece que aquellas personas que registren condenas judiciales no podrán postularse ni acceder a cargos dentro del ámbito municipal, sumándose así a una tendencia que ya fue adoptada por distintos distritos del país.
La redacción final del proyecto contó con el trabajo conjunto de los concejales Carlos Adamo, Stella Mirlo, Patricio Augusto, Anahí Campos, Natalia Gallardo, Iber Asselborn y Miguel Montenegro, quienes consensuaron los principales puntos antes de su llegada al recinto.
Con esta aprobación, La Banda se incorpora al grupo de municipios que avanzan con mecanismos de Ficha Limpia como herramienta para promover una mayor transparencia institucional y elevar los requisitos de acceso a la función pública.
La medida representa un nuevo paso en materia de calidad institucional y busca consolidar una gestión pública basada en principios de responsabilidad, idoneidad y confianza ciudadana.
