El actual ministro de Seguridad confirmó que el gobernador Ricardo Quintela le ofreció conducir el Ministerio Público Fiscal y que aceptó la postulación. El próximo paso será el envío formal del pliego a la Cámara de Diputados, que deberá intervenir en el proceso de designación.
El ministro de Seguridad de La Rioja, Miguel Zárate, confirmó que aceptó la propuesta del gobernador Ricardo Quintela para convertirse en el próximo fiscal general de la provincia.
“He aceptado la propuesta del gobernador acerca de su decisión de enviarme proponiéndome como nuevo fiscal general del Ministerio Público Fiscal”, afirmó Zárate en declaraciones a Radio Fénix.
La aceptación no completa todavía el proceso institucional. El Poder Ejecutivo deberá formalizar la postulación mediante el envío del pliego a la Cámara de Diputados de La Rioja, donde deberá ser tratado antes de una eventual designación.
Zárate explicó que el ofrecimiento ya fue realizado por Quintela, aunque la definición sobre cuándo será remitida formalmente la propuesta a la Legislatura corresponde al gobernador.
La vacante se produjo después de la renuncia de Javier Vallejos a la conducción del Ministerio Público Fiscal, dimisión que fue aceptada por la Legislatura provincial durante agosto. Desde entonces, el nombre de Zárate aparecía entre las alternativas para ocupar el cargo.
La eventual llegada del actual ministro al Ministerio Público Fiscal también obligará al Ejecutivo provincial a definir una nueva conducción para el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
Zárate confirmó que ya conversó con Quintela sobre el perfil que debería tener su eventual reemplazante, aunque aclaró que no propuso un nombre concreto y que la decisión dependerá del mandatario provincial.
Durante la misma entrevista, el funcionario informó además la expulsión de dos integrantes de la Policía de La Rioja luego de una investigación administrativa por presuntas actividades de préstamos clandestinos.
Según explicó, el procedimiento interno detectó maniobras que incluían préstamos con intereses elevados, retención de tarjetas de débito, utilización de claves de cajeros automáticos y pagarés. La sanción administrativa es independiente de lo que pueda resolver la Justicia Penal.
Con información de Nueva Rioja y Radio Fénix.
