Desde la Provincia advirtieron que la desregulación del mercado del gas podría dejar sin efecto el programa de Garrafa Social. Actualmente beneficia a unas 4.000 personas en 70 puntos de distribución.
La posible eliminación del programa de Garrafa Social, en el marco de la desregulación del mercado del gas impulsada por el Gobierno nacional, genera preocupación en Salta. Ante este escenario, las autoridades provinciales comenzaron a trabajar en alternativas destinadas a amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables.
El secretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Iván Mizzau, explicó que la Provincia tenía a su cargo la articulación y distribución social del programa, que actualmente funciona a través de 70 puntos distribuidos en distintos municipios y alcanza a entre 3.600 y 4.000 beneficiarios.
“A raíz de todo esto que está sucediendo, de la regularización de lo que es el precio del gas, se prevé que va a dejar de existir justamente lo que era el programa Garrafa Social, donde el costo era diferenciado para los sectores más vulnerables”, señaló el funcionario durante una entrevista radial.
Según indicó, todavía no existe una fecha confirmada para la finalización del programa, aunque reconoció que la incertidumbre es una de las principales preocupaciones de quienes dependen de este beneficio.
Actualmente, una garrafa cuesta alrededor de 10.000 pesos y una familia promedio consume dos unidades por mes, lo que representa un gasto mensual cercano a los 20.000 pesos. Sin embargo, con la desregulación del mercado, las estimaciones indican que ese costo podría superar los 50.000 pesos mensuales.
Ante esa situación, el Gobierno provincial mantiene conversaciones con empresas distribuidoras para intentar sostener algún esquema de tarifa diferenciada. “No queremos que se retroceda, no queremos que se vuelva a la leña, no queremos dar un paso hacia atrás”, afirmó Mizzau.
La problemática tiene un impacto particular en Salta debido a que cerca del 55% de la población no cuenta con acceso a la red de gas domiciliaria, especialmente en localidades del interior provincial.
Como una alternativa complementaria, la Secretaría impulsa el programa Anafe en Casa, que permite a familias en situación de vulnerabilidad acceder a anafes eléctricos financiados en 20 cuotas sin interés.
El beneficio está dirigido a personas que no cuentan con conexión a la red de gas y requiere la presentación del DNI y una factura del servicio eléctrico. Según explicó el funcionario, los requisitos son similares a los que se exigen para acceder a la Garrafa Social.
Finalmente, Mizzau consideró que la situación debería formar parte de la agenda legislativa nacional y pidió una mayor participación de los representantes del norte argentino en el debate sobre el impacto de los recortes y la eliminación de programas sociales.
“Este tipo de políticas generan una diferencia concreta en la economía familiar. Son temas que merecen ser discutidos porque es en el interior profundo donde más se sienten las consecuencias de las medidas de ajuste”, sostuvo.
