El justicialismo salteño quedó bajo una conducción alineada con el gobernador Gustavo Sáenz tras meses de intervenciones partidarias y judiciales. En Jujuy, un sector cercano al mandatario también se encaminaba a quedarse con el partido, pero la Cámara Nacional Electoral frenó los comicios mientras analiza un reclamo opositor.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, consolidó su influencia sobre el Partido Justicialista de su provincia y también avanzó sobre el escenario interno del peronismo jujeño, aunque en este último caso una resolución de la Cámara Nacional Electoral suspendió el proceso que podía dejar al partido en manos de dirigentes cercanos al mandatario salteño.
En Salta, la etapa de intervención terminó con la asunción del exsenador nacional Julio Argentino San Millán como presidente del PJ provincial. Su lista fue la única presentada para las elecciones que habían sido convocadas para el 2 de agosto, por lo que no fue necesario realizar los comicios.
San Millán, actual representante de Relaciones Internacionales del Gobierno salteño, integra el espacio político de Sáenz. Su llegada cerró un extenso período de disputas entre la conducción provincial, el PJ nacional y la Justicia Electoral.
El partido había sido intervenido por la conducción nacional del justicialismo a comienzos de 2025, en medio de cuestionamientos por el acompañamiento de legisladores salteños a iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei. En aquel momento fueron designados como interventores Sergio Berni y María Luz Alonso.
Ambos dejaron sus cargos en febrero de 2026 y fueron reemplazados por Pablo Kosiner y Nora Canunni. Posteriormente, la jueza federal María Servini desplazó esa intervención y designó a José Luis Gambetta, dirigente vinculado políticamente a Sáenz y al exsenador Juan Carlos Romero, quien terminó convocando al proceso electoral que derivó en la llegada de San Millán.
Antonio Hucena, secretario político del Consejo provincial partidario, sostuvo que el nuevo esquema permitió recuperar la conducción institucional del PJ salteño y cuestionó la intervención dispuesta anteriormente por las autoridades nacionales.
“El último interventor cumplió su tarea y se fue. El kirchnerismo, La Cámpora y [el exgobernador Juan Manuel] Urtubey no presentaron lista. El PJ distrito Salta tiene 1600 cargos partidarios y hay que armar en los 23 departamentos de la provincia. El PJ volvió a la normalidad de la mano de nuestro espacio. El espacio que responde a Cristina ha quedado afuera, pero es minoritario y había asaltado el partido. Nos intervinieron sin ninguna causal, de manera autoritaria”, afirmó.
Hucena señaló además que la nueva conducción encontró dificultades económicas dentro del partido. “Habíamos dejado casi $500 millones en el Banco Nación y nos encontramos con un partido lleno de deudas, con atrasos en los pagos al personal”, indicó, al tiempo que planteó la intención de retomar un diálogo institucional con la conducción nacional.
La disputa se trasladó a Jujuy
El escenario jujeño presenta similitudes, aunque todavía no está resuelto. Allí, un sector referenciado en la senadora nacional Carolina Moisés, cercana políticamente a Sáenz, se encaminaba a asumir la conducción partidaria después de que la Junta Electoral dejara habilitada una única lista.
Las elecciones estaban previstas para el 30 de agosto, pero la Cámara Nacional Electoral suspendió el proceso tras aceptar un recurso presentado por la lista encabezada por el exdiputado provincial Rubén Rivarola.
El PJ jujeño se encuentra intervenido desde julio de 2023. Los primeros responsables fueron el exministro Aníbal Fernández y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, hasta que en abril de este año el juez federal Esteban Hansen designó como interventor judicial a Ricardo Villada, dirigente enrolado en el espacio de Sáenz.
La conducción nacional del PJ intentó posteriormente nombrar como normalizadores a Teresa García y Máximo Rodríguez. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral ratificó la intervención judicial, aunque pidió reemplazar a Villada, quien finalmente fue sucedido por Federico Prieto.
Prieto convocó a las internas del 30 de agosto y la Junta Electoral partidaria dejó en carrera únicamente a la lista encabezada por Carlos de Aparici, alineado con Moisés. La senadora, por su parte, se postulaba para conducir el Congreso provincial del partido.
La nómina de Rivarola recurrió esa decisión y logró que la Cámara Nacional Electoral concediera su planteo con efecto suspensivo. El tribunal ordenó al juez Hansen frenar el cronograma hasta resolver definitivamente la discusión sobre la validez de la lista opositora.
El magistrado había considerado que la nómina Celeste y Blanca Nº2 excedió las correcciones permitidas durante el proceso de subsanación al incorporar “nuevas candidaturas, sustituciones, corrimientos y reconstrucciones de nóminas”.
El sector de Rivarola, que reúne también a dirigentes vinculados al exvicegobernador Guillermo Jenefes, celebró la suspensión aunque reconoce que enfrenta un escenario complejo. Desde ese espacio anticiparon además que analizan una eventual presentación ante el Consejo de la Magistratura por la actuación del juez y del interventor.
La disputa entre los distintos sectores del justicialismo del Norte argentino se desarrolla después de varios procesos de intervención promovidos desde la conducción nacional y posteriores decisiones de la Justicia Electoral. En Salta, ese recorrido ya derivó en una conducción cercana a Sáenz; en Jujuy, el resultado permanece abierto a la espera de una resolución judicial.
El proceso contrasta con lo ocurrido en Misiones, donde el PJ nacional normalizó el partido sin una intervención judicial posterior. Allí, Christian Humada asumió la presidencia después de imponerse en las elecciones internas realizadas en abril.
Con información de La Nación.
