La iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados provincial horas después de que el Senado nacional aprobara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sin los capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego.
El proyecto reglamenta el artículo 81 de la Constitución riojana y establece restricciones, controles y sanciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, envió este viernes a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de ley para reforzar la regulación sobre la propiedad extranjera de tierras rurales y fijar un límite máximo del 3% de la superficie provincial en manos de personas o empresas extranjeras.
La iniciativa fue presentada horas después de que el Senado de la Nación aprobara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque sin los capítulos que proponían cambios sobre la Ley de Tierras y la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
El proyecto riojano reglamenta el artículo 81 de la Constitución Provincial, sancionada el 22 de julio de 2024, y crea un régimen específico para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre tierras rurales por parte de extranjeros.
Entre los principales puntos, establece que como máximo el 3% de la superficie rural de La Rioja podrá estar en manos extranjeras. Ese mismo límite deberá respetarse dentro de cada departamento.
La propuesta incorpora además restricciones destinadas a evitar procesos de concentración territorial por nacionalidad.
El texto prohíbe que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir, alquilar o acceder mediante concesiones a inmuebles ubicados en franjas de seguridad de frontera, terrenos con ríos, acuíferos, nacientes o zonas de recarga hídrica.
También quedan comprendidas áreas naturales protegidas, reservas de biosfera, parques provinciales, sitios arqueológicos y culturales, tierras destinadas a la agricultura familiar, programas de colonización estatal y espacios considerados estratégicos para el desarrollo provincial.
En los fundamentos, el Ejecutivo riojano sostiene que la tierra no debe ser considerada únicamente como un bien económico, sino también como un recurso relacionado con la soberanía, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
El proyecto crea además el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, que tendrá a su cargo el relevamiento permanente del dominio rural y el control de las operaciones alcanzadas por la futura norma.
Toda operación sobre tierras rurales en la que participen sujetos extranjeros deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación para poder ser inscripta.
La iniciativa también contempla sanciones para los casos de incumplimiento. Entre ellas se incluyen la nulidad absoluta de las operaciones realizadas en infracción, multas de hasta el 50% del valor fiscal del inmueble y la obligación de desprenderse de las tierras adquiridas irregularmente en un plazo máximo de 360 días.
Además, propone realizar un relevamiento obligatorio de los actuales titulares extranjeros de tierras rurales dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
El envío del proyecto se produjo en medio del debate nacional por la regulación de las tierras rurales. En el Senado, el oficialismo nacional retiró los capítulos vinculados con extranjerización de tierras y Manejo del Fuego ante la falta de consensos necesarios para aprobarlos.
Con información de Nueva Rioja.
