La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2027 e incluye plazos más amplios antes de los cortes, suspensión de intereses punitorios y futuras compensaciones para los usuarios afectados.
El Gobierno de Jujuy declaró la emergencia energética y tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2027, luego del temporal de viento norte que dejó sin electricidad a unas 80.000 familias en distintos puntos de la provincia.
La decisión fue anunciada este martes por el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. El funcionario indicó que algunas familias permanecieron entre ocho y 24 horas sin suministro, mientras que todavía había hogares aislados sin servicio.
Siufi cuestionó la capacidad de respuesta de EJESA, la empresa distribuidora de energía, y anticipó una revisión más profunda de sus planes de contingencia. Según explicó, durante el operativo fue necesario solicitar grúas y equipos provenientes de Tucumán para reforzar las tareas.
Aunque la compañía calificó al temporal como el fenómeno climático más severo de los últimos 30 años, el Gobierno provincial sostuvo que los episodios de viento norte son habituales en Jujuy y que deberían existir mecanismos adecuados para prevenir sus consecuencias.
En ese contexto, el Ejecutivo dictó el Decreto Acuerdo 5658, que establece nuevas condiciones para los usuarios de los servicios de energía eléctrica y agua potable.
Entre las principales medidas, se dispuso que el corte del suministro eléctrico no podrá realizarse hasta que hayan transcurrido 20 días corridos desde el segundo vencimiento de la factura. El retiro del medidor, en tanto, recién podrá efectuarse 60 días después de la interrupción del servicio.
El decreto también prohíbe el cobro de intereses punitorios por parte de EJESA y de la empresa Agua Potable. Además, quienes refinancien deudas de energía podrán incorporar las obligaciones pendientes por el servicio de agua dentro del mismo plan de pagos.
La Provincia mantendrá el descuento del 50% en la tarifa eléctrica para los usuarios de la Puna y continuará con la incorporación de familias a la tarifa social, beneficio que actualmente alcanza a entre 68.000 y 70.000 hogares.
El decreto faculta además a la Secretaría de Energía para instruir a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre la aplicación de medidas extraordinarias. Entre ellas se prevé una compensación económica en la próxima factura, calculada de acuerdo con la cantidad de horas que cada usuario permaneció sin electricidad.
También se trabaja en un mecanismo para atender daños sufridos por electrodomésticos y otros artefactos, así como las pérdidas de mercadería registradas por pequeños comercios. Los requisitos y el alcance de las compensaciones deberán ser definidos por la SUSEPU.
El Gobierno aclaró que estos beneficios comenzarán a aplicarse una vez que se formalice la reglamentación y no alcanzarán a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.
En paralelo, se analizarán posibles multas contra EJESA por los incumplimientos en la prestación del servicio. Siufi descartó, sin embargo, que el Ejecutivo provincial evalúe una estatización de la compañía, al considerar que el costo de esa medida sería imposible de afrontar.
