El presidente saliente de Colombia sostuvo que la toma de posesión debe realizarse ante el Congreso y ordenó que ninguna instalación militar sea utilizada para la ceremonia prevista para el 7 de agosto.
Gustavo Petro rechazó que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, realice su toma de posesión en una base militar y sostuvo que la Constitución establece que el juramento debe efectuarse ante el Congreso de la República.
La decisión profundizó el enfrentamiento político durante el proceso de transición presidencial. De la Espriella había solicitado al nuevo Parlamento, que asumirá el 20 de julio, una autorización especial para trasladar la ceremonia prevista para el 7 de agosto a una guarnición del Ejército.
La propuesta del mandatario electo está vinculada con su discurso de respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía. Sin embargo, no cuenta con mayorías propias en el Poder Legislativo para garantizar la aprobación del pedido.
Petro se pronunció a través de la red social X y ordenó que ninguna instalación militar sea utilizada para la investidura presidencial mientras continúe al frente del Poder Ejecutivo.
El mandatario argumentó que los cuarteles y las dependencias policiales seguirán bajo su conducción hasta que se produzca formalmente el juramento del próximo jefe de Estado.
También señaló que ningún integrante de las Fuerzas Armadas debe rendir honores ni realizar el saludo militar a un civil antes de que asuma oficialmente la presidencia.
Juristas y especialistas mencionados en el texto también advirtieron sobre las dificultades legales y logísticas que implicaría trasladar a todos los legisladores a una instalación militar para realizar la ceremonia.
El conflicto se produce en medio de las denuncias formuladas por Petro sobre un presunto fraude en el balotaje y de su convocatoria a movilizaciones para el próximo 20 de julio.
Petro afirmó que su posición busca garantizar el cumplimiento de la Constitución de 1991 y remarcó que las instalaciones militares están destinadas a operaciones de seguridad y defensa, no a la actividad legislativa.
